Países diferentes, el mismo horror

Los archivos del horror no pueden ser olvidados

Carlos Enrique Bayo
El profesor Martín Almada fue detenido en Paraguay en 1974 por haber leído una tesis criticando el sistema educativo. Acusado de terrorismo y de vínculos con los comunistas, fue sometido a tormentos durante diez días. Cada noche, sus torturadores llamaban a su esposa, Celestina, y le hacían escuchar los gritos de su marido. Hasta que una vez, al colgar el teléfono, ella sufrió un infarto y murió. Tenía 33 años.

Esta historia no es más terrible que las de decenas de miles de víctimas (incluidos 3.000 niños) del plan de exterminio sistemático de opositores izquierdistas diseñado en Washington en los setenta y ejecutado por las dictaduras del Cono Sur. Pero tiene especial relevancia porque Almada fue quien descubrió, 18 años después en la comisaría de Lambaré, los célebres “Archivos del Horror” que exponen –con todos sus espantosos detalles y hasta desvelando las identidades de muchos de los verdugos– el genocidio de un amplio sector de la sociedad latinoamericana, del que tuvieron que huir hacia el exilio cuatro millones de personas.

Pero casi tan monstruoso como esa multinacional Operación Cóndor, en la que agentes estadounidenses incluso enseñaban técnicas para mantener con vida más tiempo a los torturados, fue que el cerebro gris de semejante solución final, Henry Kissinger, hubiera recibido el Premio Nobel de la Paz.

Ninguno de los altos cargos de la Administración de EEUU, ninguno de los jefes de la CIA, responsables de esos crímenes contra la Humanidad ha tenido que responder ante la Justicia. Para seguir impunes, hoy pretenden que nos olvidemos del holocausto americano. Igual que otros intentan mutilar nuestra memoria histórica para ocultar una represión inspirada en el nazismo.

Fuente

Comparable al holocausto nazi

La Macarena está 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano. Los cadáveres "NN", han sido enterrados sin identificar, por el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores. Depositados detrás del cementerio local unos 2.000 cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.

Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión.

El jurista Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar , cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena. "Lo que vimos fue escalofriante", declaró a Público. "Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy".

Ramírez agrega: "El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro".
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Desde la aplicación del llamado Plan Colombia hace ya 9 años, se ha venido evidenciando una masiva, sistemática y persistente persecución contra estas comunidades y sus líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. El Colectivo denuncia "ejecuciones extrajudiciales, continuos atropellos por parte de miembros de la fuerza publica, la reorganización de las estructuras paramilitares y el abandono estatal, expresado en la baja inversión social hacia estas comunidades, como se ha podido constatar en las distintas Misiones Humanitarias y de acompañamiento, a la región del Bajo Ariari"

La audiencia pública busca visibilizar a nivel nacional e internacional la grave situación humanitaria que viven los campesinos y campesinas, a partir de la ejecución de los distintos planes de recuperación del territorio por parte del gobierno, tales como Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Victoria y en la actualidad Plan de Consolidación Integral de la Macarena –PCIM- todos dentro del marco de la llamada “política de seguridad democrática”.

A su vez busca denunciar la responsabilidad del Estado frente a los cuerpos que están ubicados en la fosa común de La Macarena, enterrados como guerrilleros dados de baja en combate y donde posiblemente se encuentren víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales. También busca dotar de medidas de protección a los defensores de derechos humanos de la zona.

El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.