Emergencia socioambiental para Argentina
La Red Nacional de Acción Ecologista exige que se declare la Emergencia socioambiental en todo el territorio estatal
RENACE
ecoportal.net
Como ecologistas consideramos imprescindible dar a conocer nuestra visión sobre el estado de situación socioambiental de la Argentina.
Nuestro planeta se encuentra inmerso en una profunda transformación, siendo el signo más evidente el Cambio Climático Global a partir de la Revolución Industrial e incrementado en la segunda mitad del siglo XX, que es el momento en que al modelo de producción expoliador de los bienes comunes naturales se suma un modelo de consumo insostenible, insustentable y depredador destinado a incrementar las ganancias de las corporaciones y sus socios en todo el mundo.
Nuestro país recibe los impactos a través de redistribución de lluvias, sequías e inundaciones, en ciclos que se aceleran con cada nueva estación, y efectos que se sienten no sólo en el sistema agropecuario o en inundaciones urbanas, sino también en el regreso o incremento de enfermedades tropicales como el dengue o la leishmaniasis y la aparición de nuevas plagas.
Sólo una visión muy sesgada de la realidad puede pretender que el deterioro de la calidad de vida se encuentra asociado de manera unívoca a las cuestiones económicas, políticas o sociales; bajo esa visión reducida de los procesos económicos-productivos y sociales, se obvia la referencia del componente más importante: nuestro ambiente.
El modelo extractivo de recursos primarios para alimentar el consumismo voraz del Norte, la generación de energía sin debatir para qué y para quién, comprometiendo a los sistemas sostenedores de la vida y a las culturas con el fin de sostener al Mercado y cada vez más alejada del concepto del buen vivir, afecta no sólo a las generaciones futuras sino también a las actuales.
En un recorrido por los problemas ambientales de nuestro país, vemos que todos los casos coinciden en sumar conflictos en la sociedad, un determinado modelo de producción y consumo y el soporte natural.
A lo largo de toda la zona cordillerana, las explotaciones mineras a cielo abierto, como Bajo La Alumbrera y Veladero, por citar sólo dos de los emprendimientos mineros más emblemáticos, están destruyendo el paisaje, los glaciares y un modo de vida sostenible, secando las escasas reservas de agua y contaminando con cianuro y/o ácido sulfúrico y metales pesados, más allá de las fronteras provinciales tal como se ha podido detectar en Tucumán (canal DP2) y en Lago de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).
La organización, la insurrección y la vigilia permanente de la población local, que ve afectado su futuro y el de sus hijos, han podido detener algunos proyectos como en Esquel (Chubut) que inició el camino de seis provincias que legislaron contra la minería a cielo abierto y/o lixiviación con compuestos químicos.
Cabe destacar la influencia de los poderes del estado nacional que intenta evitar el procesamiento por contaminación del vicepresidente de mina La Alumbrera, causa aceptada por la Cámara Federal con asiento en la Provincia de Tucumán y convertida en el primer caso de América Latina en su tipo. Mientras tanto, un tratado binacional minero de implementación conjunta argentino-chileno entrega la Cordillera de los Andes a un tercer país en manos de las corporaciones del sector extractivo, ante la ceguera acordada por la comunidad política nacional.
En la Patagonia, vemos que el permanente acecho de la minería hidro-química contaminante, el proceso de eutrofización y contaminación industrial, agroquímica, petrolera y cloacal de la Cuenca del lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Negro, el sobrepastoreo, la destrucción del bosque cordillerano a través de los incendios o la siembra intensiva y extensiva de especies exóticas, la apropiación de fuentes de agua, la extranjerización del territorio, la explotación del petróleo, el proyecto latente del establecimiento de un basurero nuclear y la persecución y el despojo a los pueblos originarios a ambos lados de la cordillera está llevando a esta rica y hermosa región a un callejón sin salida.
La amenaza de la explotación de uranio en diversos puntos del país refiere directamente al desmanejo ambiental histórico de la CNEA en Malargüe, Sierra Pintada, Los Gigantes, Los Adobes, Don Otto sitio Tonco, etc., donde se acumulan toneladas de desperdicios, escoria radiactiva con remediación pendiente desde hace más de 25 años. Las poblaciones se ven afectadas por “colas” abandonadas por más de 30 años que comprenden en opinión de la propia Comisión Nacional de Energía Atómica, “más del 80% del decaimiento del uranio 238” reconociendo que se trata de “partículas cancerígenas”.-
En el centro del país, y en un salvaje proceso de expansión de las fronteras agropecuarias para atender a los mercados externos, se destruyen e incendian montes y bosques nativos, se avanza expulsando a miles de campesinos, pequeños productores y trabajadores del campo que terminan engrosando las villas miserias de las grandes ciudades. Se elimina la biodiversidad y se modifican los ciclos agrícolas, abriendo paso al monocultivo de soja transgénica con el sistema de siembra directa y más de 250 millones de litros de agrotóxicos por campaña rociados sobre las cabezas de la población urbana y rural, que sufren las consecuencias de década y media de fumigaciones, aún cuando existe suficiente evidencia científica sobre su toxicidad aguda y crónica. Los efectos cancerígenos, acción mutagénica, contaminación de alimentos y persistencia en suelos y cultivos, han sido demostrados en forma fehaciente por numerosas investigaciones en nuestro país y el mundo, incluyendo los últimos aportes del Dr. Andrés Carrasco, Director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA. En coincidencia con los grupos económicos, ni los gobiernos ni el SENASA han dado acuse de recibo de tales investigaciones.
El paisaje cotidiano de silos y máquinas fumigadoras dentro de las áreas urbanas, otrora símbolo de progreso, comienza a percibirse como una agresión a la salud de los ciudadanos, que se movilizan en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, Misiones, etc.
Como efecto colateral a este proceso de agricultura sin agricultores, nuestras carnes, antes de renombre internacional, pierden calidad y ventajas comparativas al confinarse al ganado vacuno a las peores tierras o a los feed-lots, obligándolos a consumir alimentos balanceados de muy dudosa calidad, hacinados en corrales, enterrados en los barros de sus propias orinas, con escaso control sanitario y el fantasma de la “vaca loca” rondando los corrales, y con el alto riesgo de probables recombinaciones virales, como está sucediendo con la Gripe A.. Una situación similar ocurre con la producción tambera, habiendo eliminado actividades generadoras de mano de obra o produciendo leche maternizada con altos contenidos de pesticidas. O peor aún, pretendiéndo reemplazarla por el jugo de soja (mal llamado leche de soja).
La pérdida de los cinturones verdes fruti hortícolas ante el avance de la soja, otrora generadores de mano de obra y proveedores de alimentos frescos a escala local y regional, productos básicos de nuestra Soberanía Alimentaria, han desaparecido de la dieta de muchos argentinos que hoy no pueden acceder a ellos ni en cantidad ni en calidad, con el consecuente incremento de enfermedades de la malnutrición.
La destrucción de los hábitats naturales conlleva la desaparición o retroceso numérico de aves, insectos, mamíferos, hierbas, arbustos y árboles, que cumplen una función esencial en el mantenimiento del sistema y que ya se encuentran sitiados por la agricultura, las urbanizaciones y el cambio climático.
Presenciamos una política gubernamental errática en su atención a las áreas naturales de conservación, que siempre serán pocas en comparación a las necesidades.
De continuar estas practicas depredadoras, el Monte Chaqueño, la Selva de Montiel, la Selva Misionera y próximamente las Yungas con los últimos bosques nativos del chaco árido y del espinal, serán recordados sólo en fotografías.
Las pesquerías continentales y marítimas se encuentran en proceso de agotamiento por la sobreexplotación: ni sábalo ni merluza forman parte importante de esa variada ictiofauna que nos caracterizaba hasta hace unos años. Y con ellos, desaparece toda una sociedad y una cultura relacionada al recurso.
El Atlántico Sur, uno de los últimos caladeros que quedan, fue diezmado sin escrúpulos por un mercantilismo que arrasa con artes de pesca destructivas del ecosistema marino y que selecciona en sus bodegas sólo las especies más rentables en detrimento de otras, sin importarle la biodiversidad de un medio que contiene aún la mayor diversidad biológica templada–fría del planeta.
La contaminación del aire, del agua y del suelo se acentúa en los parques industriales, con el consiguiente impacto sobre las poblaciones circundantes. En los polos petroquímicos de Bahía Blanca y La Plata (Buenos Aires), Gran Rosario (Santa Fe) y el paradigmático caso del Dock Sud, la Villa Inflamable y la cuenca del Riachuelo-Matanza, a las puertas de la capital nacional y con un impacto directo sobre 5 millones de argentinos, nos encontramos con un estado desarticulado a la hora de ejercer su rol de control.
El reciente conflicto por las pasteras de Fray Bentos, Uruguay, desnudó con vergüenza a nuestras propias plantas de producción de pasta de papel -con los monocultivos asociados de eucaliptos y pinos- y tecnologías productoras de dioxinas, una de las sustancias más tóxicas que ha creado el hombre.
Añadimos el profundo deterioro ambiental que sufre actualmente la costa atlántica, en especial la bonaerense, con motivo del robo de arena de sus playas y el terreno ganado al sistema dunícola por emprendimientos edilicios.
Esto nos remite también a las tierras públicas urbanas donde los inversores inmobiliarios reciben especial atención por parte de las autoridades políticas mientras que los vecinos deben pelear por cada metro cuadrado de espacio verde; la lucha por esos espacios trasciende el romanticismo habiéndose formado redes de ciudadanos movilizados en todas las provincias.
En un país con el 85% de la población residiendo en áreas urbanas, resulta lógico que muchas de las problemáticas estén asociadas a las ciudades, como el inadecuado manejo de residuos cuyo caso más resonante es el CEAMSE y los rellenos sanitarios “regionales” que desnudan la falta de un Plan de Gestión Ambiental de Residuos realista, en el que se incluya una ley de envases que propugne la disminución de la oferta y del uso de productos envasados, fomentando un modelo de consumo que genere menos residuos y promueva el re-uso de los escasos bienes que provee la naturaleza.
La falta de este Plan lleva a justificar la necesidad de los peligrosos rellenos sanitarios o, lo que sería peor, a tratar los residuos mediante la incineración.
Rechazamos toda posibilidad de incinerar residuos, aún los disfrazados como “generadores de energía” porque emiten sustancias altamente peligrosas, como las dioxinas y los furanos. Los incineradores han sido objeto de largas campañas de protesta, ante los oídos sordos oficiales y el aumento de las patologías asociadas a esos tóxicos, en las comunidades en las que se localizan: Zárate, Marcos Paz, Morón, El Bolsón, Crespo, Lanús, entre otras.
La falta de acceso al agua potable y a cloacas sin sistemas de tratamiento, la proliferación de las antenas de telefonía celular sin los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental (EIA), la contaminación del aire por el tránsito automotor y la elevación de las napas freáticas en partidos del Gran Buenos Aires, los transformadores con PCB, la aplicación de pesticidas en los espacios verdes o vias de tren, los ruidos... la lista es muy extensa.
Todo ésto no debe verse en forma separada del hacinamiento y la violencia social, que más sufren los desprotegidos, los que no pueden acceder a los alimentos básicos, los que deben atenderse en hospitales sobresaturados y que terminan, en muchos casos, engrosando las filas del clientelismo político.
Dos elementos básicos para la supervivencia de una sociedad son motivo de discusiones permanentes: la energía y el agua. La matriz energética de nuestro país, basada mayoritariamente en el petróleo y el gas, tiene sus impactos globales y locales por la prospección, la destilación y el aporte de gases de efecto invernadero. La respuesta al futuro son las energías alternativas y hacia ellas, en este momento histórico, debieran apuntar los esfuerzos de toda la sociedad.
En cuanto a la energía nuclear, RENACE entiende que el desarrollo de la generación nucleoeléctrica produce en todo su ciclo un riesgo tal, que excede las posibilidades de protección y guarda. A ésto debe agregarse el empecinamiento oficial en prolongar la vida útil de las centrales nuecleoeléctricas (Atucha y Embalse) sin consultar a la población circundante expuesta al colapso y desatendiendo la obsolescencia de las instalaciones. Atucha II es otro ejemplo de imprudencia mercantil al continuar la construcción de una planta obsoleta en origen, cuya tecnología es previa a la de Chernobyl.
La experiencia demuestra que el Estado, a través de sus distintas administraciones, no ha evitado los pasivos ambientales, sitios contaminados, percances y desmanejos con materiales radiactivos. Ezeiza (contaminación con uranio y nitratos), Malargüe y una docena de emplazamientos (desechos de la extracción de uranio) y Alta Córdoba, (almacenamiento en zona densamente poblada de miles de toneladas de residuos radiactivos), son sólo algunos ejemplos.
El Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, (CNEA) engaña a la población con un cálculo de costo-beneficio que excluye adrede el costo desmesurado de controles, saneamiento, remediación y depósito final que no está en condiciones de ejecutar.
El agua es un recurso vital. Esto lo saben las poblaciones de las zonas áridas, donde hoy deben disputar su posesión con los emprendimientos mineros devoradores de agua y energía. Pero también donde abunda debe ser utilizada racionalmente: el agotamiento y contaminación del acuífero Puelches es un llamado de alerta, al igual que la extracción de agua termal salada proveniente del Sistema Acuífero Guaraní y el posterior vuelco de la misma a los cursos superficiales.
Por otro lado, las cíclicas sequías e inundaciones del Gran Chaco se han incrementado con la sistemática destrucción del otrora “Impenetrable”, poniendo en serio peligro la subsistencia de grandes poblaciones. En las ciudades, mientras tanto, el agua potable que cada vez cuesta más producir, se derrocha en usos suntuarios.
Asimismo no podemos dejar de manifestar nuestro más enérgico repudio al veto de la ley de glaciares, medida que somete a nuestras cuencas al espurio mercado minero merced a imposiciones de transnacionales del sector. La Cordillera de los Andes fabrica el agua que nutre al conjunto del continente sudamericano.
Acompañando todo este proceso, los profesionales y técnicos de nuestras Universidades argentinas egresan de una institución que se sostiene en parte por las dádivas de las empresas más contaminantes del país. Esa paradoja es denunciada y rechazada por numerosas casas de estudio. RENACE se pregunta ¿adónde está la ética de formar un profesional con fondos de industrias probadamente contaminantes?. ¿Qué independencia tiene ese profesional, a la hora de auditar a la industria que lo formó?
Esta política nacional, social y ecológicamente insostenible, se alienta desde las estructuras del IIRSA, (Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana) que responde a los planes de consolidación y dominio de los países del Norte en pos del despojo de los recursos naturales, para nosotros bienes comunes naturales, sometiendo a nuestros territorios a la contaminación irreparable, la destrucción de comunidades y depredación en todas sus formas.
En este breve recorrido por una extensión tan amplia como es nuestro territorio nacional, encontramos pruebas que permiten ratificar que los problemas sociales generan problemas ambientales y los problemas ambientales generan problemas sociales. Y ambos son hoy de una gravedad tal que nos pone a todos lo habitantes de esta tierra en serio riesgo de vida.
La solicitud
Por todo ello, la RED NACIONAL DE ACCIÓN ECOLOGISTA (RENACE), reclama y exige al Gobierno Nacional, a los Gobiernos Provinciales y Municipales y a nuestros representantes electos, que se declare la Emergencia socioambiental en todo el territorio de la República Argentina.
Pretendemos que se asuma la calidad de vida de todos los argentinos como una Política de Estado, ratificando el art.Nº 41 de nuestra Constitución Nacional, para lo cual es necesario que las estructuras gubernamentales y la sociedad en su conjunto debatan sobre estos problemas que amenazan nuestra vida presente y futura, asumiendo los cambios necesarios en la educación; a través de acciones punitivas a aquellos que transgredan; recuperando la Soberanía Alimentaria mediante el fomento de las producciones alternativas; protegiendo la biodiversidad, promoviendo las energías renovables y limpias y modos de producción y consumo que respeten los derechos de los que heredarán este país.
Este es el único camino viable que ayudará a los pueblos a conservar la Tierra, nuestra casa grande, como único lugar posible para la vida que conocemos.
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