Colombia, hermana perdida?

The Washington Post desvela que Colombia asesina campesinos para hacerlos pasar por guerrilleros

31-03-2008
La denuncia del periódico se basa en informes de Naciones Unidas y del Gobierno norteamericano



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El periódico estadounidense 'The Washington Post' denunció hoy el aumento de campesinos asesinados por el Ejército colombiano para hacerles pasar por miembros de la guerrilla, basándose en los informes de grupos pro Derechos Humanos, investigadores de Naciones Unidas y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

Según el periódico, "bajo la presión de los comandantes militares para registrar muertes en combate, en los últimos años, el Ejército ha asesinado cada vez más a campesinos inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros".

"Hay diferentes registros sobre el número de ejecuciones extrajudiciales, como son llamadas las muertes de civiles. Pero un informe de una coalición de 187 grupos de Derechos Humanos dijo que 955 civiles murieron entre 2002 y 2007 y fueron clasificados como guerrilleros caídos en combate, un 60 por ciento más que hace cinco años en los que sólo hubo 577 muertos por las tropas", publicó el diario.

"Los asesinatos, perpetrados por unidades bajo las órdenes de comandantes regionales, siempre han sido un problema en el oscuro conflicto que ya cumple 44 años", agrega el Washington Post. Pero, añade, con la reciente desmovilización de miles de combatientes paramilitares, muchos de los cuales operaban en escuadrones de la muerte para eliminar rebeldes, los asesinatos de civiles a manos del Ejército han crecido enormemente desde 2004.

Al parecer, esta táctica habría desencadenado un feroz debate dentro del Ministerio de Defensa colombiano, entre el lado más tradicional, que aboga por el desarrollo de una agresiva campaña que se centre en el número de cuerpos, y entre los reformistas, que proponen que el Ejército desarrolle otros criterios para medir el éxito en el campo de batalla, según afirma el artículo.

En Colombia los llaman “falsos positivos”. Así entendidos, parecen una simple estadística. Pero cuando se les pone nombre y apellido adquieren dimensión de tragedia, según informa Federico Rivas Molina en el periódico Crítica Argentina. Como la del vendedor ambulante Israel Rodríguez, que el mes pasado salió a pescar y nunca volvió. Finalmente, su familia encontró el cuerpo envuelto en una bolsa de plástico y enterrado: el ejército colombiano lo había clasificado como guerrillero de las FARC muerto en combate. El caso fue revelado por el diario norteamericano Los Angeles Times. Los organismos de derechos humanos de Colombia lo integraron en el fenómeno de los “falsos positivos”. Las Fuerzas Armadas asesinan civiles, normalmente campesinos o jóvenes, y los identifican ante el gobierno como guerrilleros. La práctica es el resultado de la intensa presión por parte de Estados Unidos, principal financista de la guerra contra las FARC, para que Colombia muestre progresos. Cuando más muertos, más seguro el flujo de dinero que baja desde el norte.

La hermana de Rodríguez, Adelaida, dijo a Los Angeles Times que su hermano había servido tres años en el ejército y no era guerrillero ni simpatizaba con la guerrilla. “Nunca le hizo ningún problema a nadie”, dijo, agregando que creía que el ejército mató a su hermano para “ganar puntos”. El Observatorio de Derechos Humanos colombiano elaboró a fines de 2007 un informe basado en testimonios y documentos que estableció en 955 los casos de personas asesinadas en operativos extrajudiciales desde 2002, cuando asumió el gobierno de Álvaro Uribe. Colombia mereció por estas prácticas una reprimenda del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En su informe del año pasado, recomendó a Uribe “revisar los parámetros aplicados para medir los resultados operacionales de los cuerpos militares y policiales para erradicar las ejecuciones extrajudiciales”. En otras palabras, lo que la ONU pidió al gobierno fue que la campaña contra las FARC y el ELN se mida en términos de desmovilizados y capturados, y no sólo de muertos.

El gobierno recibió los informes sin demasiado interés, escudado en el argumento de que la guerrilla ha asumido la nueva estrategia de decir que cualquier muerto es un falso positivo. Sin embargo, tuvo que ceder por puro pragmatismo. Ante la insistencia de los demócratas norteamericanos en vincular los excesos del ejército colombiano con el bloqueo parlamentario del Tratado de Libre Comercio firmado por Uribe y Bush, Bogotá asumió algunos paliativos. Ordenó la transferencia de todas la denuncias de los tribunales militares a los civiles y una campaña interna de adoctrinamiento en derechos humanos.

Sin embargo, organismos no gubernamentales denunciaron que los casos de “falsos positivos” no han disminuido. “Sucede que no nacieron con Uribe”, dijo a Crítica de la Argentina Iván Cepeda, presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). “Hay una cultura de ejecuciones extrajudiciales, ya sea para cobrar recompensas o para mostrar resultados. Son prácticas de carácter sistemático. Lo que ha sucedido ahora es que con la política de Seguridad Democrática impulsada por Uribe los falsos positivos se han incrementado peligrosamente”, denunció Cepeda.

El clima se enrarece aún más cuando entran en juego las recompensas que ofrece el Estado a informantes que permitan detener guerrilleros. “Tienen así un incentivo para denunciar a gente acusándola de ser rebeldes debido a que cobran independientemente de si la información es correcta”, dijo el abogado Ramiro Orjuela, representante de víctimas de “falsos positivos”. El senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático, aseguró que en los dos últimos años “se han presentado más de cinco mil detenciones arbitrarias por pago de informantes y han sido asesinadas alrededor de 200 personas”. La operación es simple: falsos testigos arreglados con el ejército cobran por identificar a falsos guerrilleros que son ejecutados en falsos enfrentamientos. La recompensa se reparte entre todos. Mentiras de una guerra muy verdadera.
Fuente:

PLAN COLOMBIA Y NUEVA FORMULA DEL GLIFOSATO: GUERRA TOTAL A LA SELVA AMAZONICA COLOMBIANA

El zar antidrogas de Estados Unidos John Walters y el presidente colombiano Álvaro Uribe están destruyendo los campos, a los campesinos —y la selva amazónica— en nombre de la Guerra contra las Drogas.
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El 28 de mayo de 2001 comenzó la segunda fase de fumigación de cultivos ilícitos. El objetivo: acabar con todo. La nueva fórmula utilizada es Roundup Ultra, la misma que contiene (glifosato + POEA) + Cosmo Flux 411F informaba Lucía Gallardo, activista de Acción Ecológica, en una mesa redonda sobre el Plan Colombia realizada en la ciudad de Quito el pasado mes de mayo.
Por intuición los asistentes pensamos que los compuestos allí enunciados debían ser tóxicos, lo que no sabíamos, y nos aclaró a renglón seguido la expositora, es que el POEA tiene una toxicidad aguda entre 4 y 5 veces mayor que la del glifosato, comercialmente conocido como Roundup y que el Cosmo Flux 411F puede aumentar hasta 4 veces la acción biológica del glifosato, incrementándose en más de cien veces las dosis recomendadas para aplicaciones agrícolas en los Estados Unidos, país que ordena las fumigaciones en Colombia.
Pero claro, la Amazonía no es Estados Unidos. Allí cuidan la vida de sus habitantes, aquí se atenta contra todo lo existente, incluyendo los seres humanos. Basta conocer que los herbicidas que contienen glifosato están registrados en Colombia y Ecuador como categoría IV (levemente tóxicos). En los Estados Unidos están considerados dentro de la categoría II (altamente tóxicos) y el POEA lo tienen dentro de la categoría 1 (extremadamente tóxico).
Grandes diferencias, seguramente porque los seres humanos y las especies animales y vegetales del tercer mundo son inmunes por ser pobres. Pero el horror no queda solamente en la altísima toxicidad de las fumigaciones sino en la forma en que las realizan. Avionetas pasan y repasan hasta 12 veces por el mismo terreno, en el que puede haber coca y también plátano y yuca, además de niños y mujeres embarazadas, citando a los más sensibles. En Canadá se ha calculado que las zonas de amortiguamiento deben tener entre 75 y 1200 metros para evitar daños a la vegetación que se quiere proteger. El sentido común nos indicará que "ningún piloto por experimentado que sea puede evitar la fumigación indiscriminada sobre cultivos, áreas selváticas y seres humanos" acotaba Lucía Gallardo.
No conocemos Canadá pero si podemos decir que la Amazonía es un paradisíaco lugar donde existe agua por doquier. Y que, el famoso glifosato, ahora enriquecido, correrá por los ríos y riachuelos, penetrará en la tierra arcillosa, se pegará en los árboles y plumas de los pájaros y afectará a extensas zonas selváticas amenazando y acabando a una de las regiones de mayor biodiversidad del planeta. ¿Será ésta, tal vez, otra de las razones por la que Estados Unidos no firma el Convenio sobre la Diversidad Biológica desde 1992?
Añadamos a esta crónica del horror que esta nueva fórmula del glifosato no cuenta con investigaciones científicas para evaluar sus riesgos. A pesar de ello fue aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia y ni siquiera comentada por las autoridades ecuatorianas. Estos países hacen lo que ordena Estados Unidos sin pedir la más mínima explicación. Esa es la soberanía globalizada.
"Lo cierto es que con las aspersiones de este nuevo compuesto químico se estaría experimentando en la Amazonía a fin de desarrollar nuevos y más poderosos agentes químicos y biológicos en la guerra contra las drogas y avalar el desarrollo de más armas químicas" nos explicaba la militante de Acción Ecológica. ¿Guerra real contra las drogas? Duda sobre duda. ¿Guerra contra la actividad que sostiene al sistema financiero y bancario norteamericano?. Es un secreto a voces que más del 80% de las ganancias del narcotráfico se quedan en los Estados Unidos.
O, ¿Guerra contra los grupos armados de Colombia, único escollo para la dominación total de este sector del mundo?, ¿Necesidad de los Estados Unidos para controlar el mercado latinoamericano que se les está yendo de las manos frente a la arremetida de los europeos y asiáticos? ¿Control de la zona de mayor biodiversidad y reserva de agua del mundo? ¿Punto de control estratégico militar y político?
Todo ello y nadie sabe que más... Ojalá que el Mundo no se de cuenta de este horror cuando sea demasiado tarde...
El tráfico de drogas, que es de carácter internacional, aprovecha esos escenarios y estimula las dos puntas de la cadena y se queda con las mejores ganancias de las cuales se benefician también grandes capitales “legales” e ilegales del mundo global. Las utilidades se concentran en los centros financieros internacionales. Los lucros del negocio de las ‘drogas’ ilícitas finalmente los concentra de manera dominante el capital financiero norteamericano e internacional que se nutren con el lavado de los dólares, las mafias de narcotraficantes, de suministradores de precursores químicos y de armas. El valor pagado por el consumidor final de cocaína en los EE.UU. se estima que se distribuye aproximadamente así: “5% para los países productores -con 1% para los campesinos y 4% para los procesadores locales-, 20% para los traficantes internacionales –los carteles de la droga- y un 75% para las redes de distribución y expendio en los países consumidores”.
Narcotráfico, corrupción y crimen organizado tejen estrechos lazos que desdibujan las fronteras entre la economía legal y la economía ilegal. Para una mejor comprensión de la expansión empresarial de las industrias de armas, químicos y ‘narcoticos’ se hace necesario, por lo tanto, analizar problemáticas tales como las políticas que encubren los paraísos fiscales (lavado de dineros), la impulsión de los mercados de tecnologías agrícolas ‘sintéticas”, y las zonas de ‘libre’ comercio, entre otras.

REDUCCIÓN DE DAÑOS:
En los países del Sur, la mayor parte de los cultivadores componen sectores de la población que, por sus las condiciones de marginalidad socio-económica y política, o de pauperización más reciente por efecto de las crisis agrarias, se han constituido en la mano de obra amarrada que sostiene el nivel de la producción del mercado ilegal de drogas. Para estos cultivadores, la reducción de riesgos se refiere —en primera medida— a la exigencia de que cese la militarización de sus vidas y la incriminación emprendida en su contra bajo el encubrimiento de eliminar las ‘drogas’ a través de la represión de ‘la oferta’. Abarca, asimismo, la aplicación del principio de precaución en lo que se refiere a la fumigación con productos químicos y el comercio y tráfico de organismos genéticamente modificados y frente la amenaza de la la Guerra Biológica. También se refiere al derecho inalienable al uso tradicional, recreativo y alternativo de la sagrada hoja de coca, la cannabis y la amapola. Comprende además consideraciones de corresponsabilidad internacional y de responsabilidad social en el diseño de las políticas dirigidas a enfocar lo que es un fenómeno universal y complejo.
Indymedia